Las investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan que el propietario de la empresa Centrum y los dos exministros de la Defensa Nacional tuvieron desde un inicio la clara intención de defraudar al Estado al hacer la permuta de armas con la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
“El armamento es totalmente funcional, no hablemos de la edad, no eran pedazos, no eran piezas las que se estaban vendiendo, no era material inservible, era armamento completamente funcional, se evidencia una intención clara de defraudar al Estado. Totalmente. Hubo la intención de hacer un negocio que iba a beneficiarlos y afectar al Estado”, dijo el fiscal General de la República, Raúl Melara.
El propietario de Centrum, Gustavo López Davidson, y los dos ministros de la Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez son procesados por diferentes delitos junto a Héctor Abel Herrera Mejía y Manuel de Jesús Romero.
De acuerdo con el titular de la Fiscalía, la negociación de las armas en buen estado no se hubiera podido realizar sin “concurso de voluntades”, tanto de los ministros de la Defensa Nacional como del propietario de la empresa Centrum.
Se trató de un proceso amañado dese un inicio, donde, según las investigaciones, Gustavo López era el propietario de las seis empresas que participaron en la subasta de las armas por parte de la FAES.
Incluso, la Fiscalía cuenta con evidencia que el ex ministro Munguía Payés hizo modificar la documentación de un subalterno en la cual se mostraba en desacuerdo con la compra de algunas de las armas.
Ante los comentarios de López Davidson, expresidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que su captura se trata de una persecución política, el fiscal Melara le respondió: “no hacemos persecución política, la Fiscalía hace investigaciones. La tipificación de los delitos hecha por los fiscales es la correcta”, explicó.
