Mientras en El Salvador, entre 2012 y 2013 se fraguó la tregua entre pandillas, uno de los peores pactos criminales contra la sociedad salvadoreña, el Ministerio de Defensa y el ex presidente de ARENA, Gustavo López Davidson, hicieron durante esas fechas un proceso viciado de permuta de armas donde el Estado salvadoreño perdió más de $2.1 millones, un claro ejemplo de como en el pasado funcionaban las instituciones en contra de los salvadoreños y de sus intereses.
Esas armas, que perdió el Gobierno de El Salvador, pudieron ser utilizadas para combatir las pandillas o enfrentar el fenómeno del narcotráfico y la criminalidad, por parte del Ministerio de Defensa, que nunca recibió el nuevo armamento porque la empresa de López Davidson, Centrum, S.A. de C.V., no las tuvo en su propiedad o en sus inventarios.
Davidson, detenido ayer junto con el ex ministro de la Defensa entre 2009 y 2014, David Munguía Payés, fueron “cómplices necesarios” en este proceso irregular, donde también hubo un mal procedimiento por parte de la comisión que hizo el avalúo y se apartaron varias empresas que licitaron para generar una “supuesta competencia”, pero que compartían el mismo apoderado legal de Centrum: Héctor Abel Herrera, también detenido el viernes.
Hay que destacar que un primer avalúo de este proceso de permuta, en 2013, fijaba en $480 el precio por arma, para un total que superaba los $8 millones, No obstante, en un segundo peritaje, que se practicó luego de cambiar a los integrantes de la comisión valuadora, se disminuyó el valor de estas de $480 a $200 y, por último, cuando se adjudicó la permuta a Centrum, se determinó un precio de $42 por arma.
Según declaraciones del mismo Munguía Payés, la tregua entre pandillas durante 2012 y 2013 siempre fue una política pública, con línea del ex presidente de la República, Mauricio Funes, y ejecutado por el ex ministro, cuando era titular de Justicia y Seguridad Pública.
Las permutas, en la administración pública, están fundamentadas en el artículo 148 de la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto, en la cual se ponen a disposición armas en poder del ministerio para realizar un canje por otro tipo de equipo, luego de un estudio de un comité valuador y de otros procesos que determina la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) .
Hoy López Davidson deberá enfrentar la acusación de peculado por ser “cómplice necesario”, según lo que requirió ayer la Fiscalía General de la República (FGR), además de Munguía Payés y Herrera, entre otros acusados.
Desde octubre del año pasado, el Gobierno de El Salvador se mostró querellante en este proceso y presentó denuncias y avisos a la Fiscalía General contra Centrum, más allá de que esta es propiedad de López Davidson, quien renunció en febrero a la presidencia de ARENA aduciendo supuesta “persecución política”.
