Luego de que la Sala de lo Constitucional, en los últimos meses, cortara con sus sentencias las potestades y facultades ampliadas del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para enfrentar la pandemia de COVID-19, el secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro, recordó esta mañana que, a pesar de las inconstitucionalidades sobre los decretos ejecutivos, sigue vigente el Código de Salud, que no ha sido abordado en sus resoluciones por los magistrados de este tribunal.
“La Sala ya se pronunció sobre nuestros decretos, pero el Código de Salud sigue siendo constitucional, hay muchos artículos que confirman que el Ministerio de Salud es el garante y el responsable de enfrentar una pandemia, ahí se establecer regulaciones y limitaciones de derechos y es la única instancia que incluso tiene, por Constitución, la obligación de defender la salud y a la vida”, insistió Castro.
Al respecto, el secretario jurídico recordó que el Código de Salud “va más allá de otras regulaciones”, por lo que toda ley vigente se presume de su legalidad y constitucionalidad, lo que implica que esta normativa jurídica sigue siendo, para el Gobierno del Presidente Bukele, una línea de batalla.
“Hasta hoy ningún artículo del Código ha sido declarado inconstitucionalidad, por eso es aplicable, es derecho positivo. El artículo 58 del Código de Salud señala que es el Ministerio de Salud el garante y responsable de afrontar de este tipo de situaciones, como una emergencia de salud, como una pandemia”, enfatizó Castro.
El Decreto Ejecutivo 32 sostenía las cinco fases de reapertura económica, por lo que la Sala argumentó que esto limitaba la actividad del país y que no es constitucional coartar la libertad de movilidad y desplazamiento de las personas, aunque no coarta la lucha del COVID-19, por lo que el Gobierno sigue aplicando el Código de Salud.
La Sala de lo Constitucional, hasta la fecha, no ha hecho alusión ni referencia al Código de Salud, una normativa que es apegada a derecho y a la Constitución, que en su artículo 65 dice que es un bien público y una obligación del Estado, más en tiempos de pandemia.
