La apuesta decidida del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para enfrentar la pandemia no se detiene, pese a que la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia han dejado sin armas al Ejecutivo para hacer un efectivo control de la pandemia por COVID-19.
Desde la negativa de los diputados a una cuarentena estricta por 15 días, hasta la última resolución de la Sala de lo Constitucional anulando el Decreto Ejecutivo 32 que norma las fases de reactivación económica, los esfuerzos han estado enfilados hacia las interpretaciones legales y no hacia una adecuada ponderación del derecho a la vida y la salud de los salvadoreños.
Por ello, el Gobierno seguirá con los proyectos de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y el refuerzo de insumos para el personal sanitario que está en primera línea salvando vidas, tarea que se dificulta, además, por la falta de recursos financieros a través de créditos con la banca multilateral que la Asamblea Legislativa aún no ha querido asignar al Presupuesto General de la Nación.
La semana pasada, diputados de oposición dejaron para después del receso agostino la asignación al presupuesto de un préstamo por $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que va dirigido para atención de la emergencia sanitaria, mientras los hospitales siguen recibiendo a diario cientos de pacientes, muchos de ellos en estado crítico.
Asimismo, ante la falta de herramientas legales negadas por los órganos Legislativo y Judicial, al Ministerio de Salud también le queda como alternativa hacer conciencia en la población para que haga uso de los protocolos de seguridad, como lavado constante de manos, distanciamiento de persona a persona, uso permanente de la mascarilla y, de ser posible, no salir de sus hogares.
Este domingo 9 de agosto, el país alcanzó el pico más alto de contagios, con 445 al día, lo que deja en evidencia que cada vez más el país está en una situación difícil, donde los contagios irán en aumento, señaló el ministro de Salud, Francisco Alabi. “Las decisiones sobre la pandemia deben realizarse basadas en evidencia científica y priorizando la vida de los salvadoreños. Declarar inconstitucional del Decreto 32 nos deja, en ese momento, en una posición vulnerable”, sostuvo el funcionario.
