La tradición legislativa que ha prevalecido durante el primer año de Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa. Ayer, casi a la medianoche, la Asamblea Legislativa dejó perder un crédito de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que confirma la postura del Congreso salvadoreño de seguir oponiéndose a planes, políticas y, en este caso, fuentes de financiamiento, para enfrentar el COVID-19, la crisis sanitaria que ha golpeado a todos los países del mundo.
Los fondos que fueron negociados por el órgano Ejecutivo entre marzo y abril eran parte de un conjunto de paquetes de financiamiento con organismos multilaterales para responder a la emergencia sanitaria originada por la pandemia de COVID-19 y así lograr el equilibrio de las finanzas públicas.
El BID ofreció una baja tasa de interés (2.1% anual) y cinco años y medio de gracia, como parte de las condiciones favorables para el país, algo que tampoco fue valorado por los diputados.
Así, el Presidente de la República lamentó esta postura de los diputados y dijo que nunca, en su gestión, se negociará con “extorsionistas”, en alusión a que los legisladores negociaron reducir fondos destinados a hospitales y a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
“Dejan nuestros hospitales sin recursos, veteranos y ex combatientes sin su pensión, agricultores sin ayuda, cientos de miles de trabajadores y miles de empresas privadas sin subsidio a la planilla; el fondo para que miles de trabajadores con contratos suspendidos, que iban a recibir dos medios salarios de parte del Gobierno, desfinanciado y hasta Fomilenio II en riesgo de perderse (…) ¿Por qué tanto odio al pueblo salvadoreño? El trabajo de meses consiguiendo esos fondos, tirado a la basura”, afirmó el mandatario salvadoreño en las redes sociales.
El Presidente Bukele había advertido que la no ratificación de estos fondos, pondría en riesgo dinero destinado a las alcaldías (muchas bajo la bandera política de las bancadas de ARENA y FMLN), el subsidio a las mipymes, a los agricultores y al manejo sanitario de la pandemia, entre otros temas
Hay que destacar que toda la negociación los diputados la realizaron de forma exprés en el Salón Azul del Congreso, casi a la medianoche, creando una tensión
innecesaria cuando era de conocimiento desde el 18 de mayo pasado, en la Comisión de Hacienda de la Asamblea, que el plazo para ratificar el crédito vencía ayer.
Todos estos hechos suman a los 38 días que han pasado desde que la Asamblea Legislativa recibió la propuesta de Régimen de Excepción, por parte del órgano Ejecutivo, lo que no ha permitido realizar una cuarentena estricta de 15 días para bajar la curva de contagio, los casos y las muertes por COVID-19.
Esta no ha sido discutida por la Comisión Política, que incluso prefirió crear una subcomisión para acelerar las entrevistas de 75 candidatos a la presidencia de la Corte de Cuentas de la República, a más de un mes de que termine el periodo de los actuales magistrados, un hecho que confirma las prioridades de este órgano de Estado.
Siempre el Gobierno del Presidente Bukele ha dicho que la Asamblea Legislativa debe jugar su papel para enfrentar la situación de COVID-19 como un problema de Estado, por lo que el llamado también aplica a la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional (CSJ), que tienen en sus manos la legalidad o no del Decreto Legislativo 661, que es parte de las herramientas jurídicas contra la pandemia.
