El reflejo de la forma en que la Asamblea Legislativa ha asumido su rol como órgano de Estado en el marco de la pandemia de COVID-19 en El Salvador ha quedado demostrado en las últimas semanas y, si nada cambia, el próximo miércoles los legisladores podrían mantener al país sin herramientas legales para enfrentar los efectos del nuevo coronavirus, dado que se celebra la última plenaria previo a las vacaciones agostinas
Uno de los principales puntos es la aprobación del Régimen de Excepción, solicitado hace un mes por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, el cual ni se ha discutido con decisión y determinación por parte de los diputados de la comisión política, encargada de elaborar los dictámenes en este tema.
Esta instancia incluso se ha enfocado en las entrevistas de aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas, a través de una subcomisión que, lejos de darle prioridad al tema, no ha entendido que se le debe de dar más herramientas legales al Gobierno para cortar la cadena de transmisión del virus a través de una cuarentena estricta de 15 días.
Otro tema que quedaría pendiente es la revalidación de los préstamos para tener más recursos para enfrentar el COVID-19: $550 millones (del Banco Interamericano del Desarrollo, BID) que necesitan ser ratificados en segunda vuelta, mientras que $20 millones (del Banco Mundial) están pendientes de ser incorporados al presupuesto, lo que sumaría $570 millones para batallar contra la pandemia con diversas iniciativas.
Todo esto, además de la falta de aprobación de fondos para el Plan Control Territorial (la exitosa política de seguridad pública del Gobierno), confirma que en el primer año del Presidente Bukele la Asamblea Legislativa ha jugado un rol obstaculizador y no facilitador para dar gobernabilidad al país, lo que demuestra la naturaleza de las actuales bancadas legislativas que no quieren defender la vida de los salvadoreños en este momento crítico de COVID-19.
De nuevo, el Gobierno hace un llamado a la Asamblea a construir un acuerdo que beneficie al país, ratificando recursos y aprobando normativas legales para realizar la cuarentena estricta de 15 días, tan necesaria para frenar los contagios y las muertes por COVID-19. .
