En momentos en que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele necesita con urgencia de las herramientas legales para hacer frente a la pandemia de COVID-19, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podría tardar hasta 25 días en resolver la controversia entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa a raíz del decreto 661, en el que se propone abrir de golpe la economía, incluyendo el transporte público.
Esta extensión en los plazos se debe a que el artículo 138 de la Constitución de la República establece que tanto la Presidencia de la República como la Asamblea Legislativa tienen 10 días hábiles (sin contar fines de semana) para dar sus argumentos acerca de la inconstitucionalidad o no del decreto.
Adicional ese plazo, el tribunal de justicia tiene 15 días hábiles, a más tardar, para poder establecer si el proyecto de ley cumple o no los preceptos constitucionales.
El Presidente Bukele vetó dicho decreto por considerar que usurpa las funciones del Órgano Ejecutivo, al tiempo que pone en riesgo que haya un incremento de contagios ante la apertura inmediata de la actividad económica.
Pero, la Asamblea Legislativa logró los votos para la superación del veto presidencial, por lo que el Presidente pidió a la Sala de lo Constitucional que iniciara una controversia para que determine la inconstitucionalidad del proyecto de ley.
La Sala de lo Constitucional ha demostrado que está actuando con lentitud al emitir sus resoluciones con relación a la pandemia, pues para admitir la controversia solicitada por el Ejecutivo acerca del decreto 661 tardó aproximadamente un mes.
Mientras, el Gobierno se encuentra atado de manos y sin herramientas legales para brindar con mayor eficiencia una atención que permita salvar más vidas y que los hospitales no colapsen ante el aumentó descontrolado de casos de coronavirus.
Asimismo, este viernes 24 de julio se cumple un mes desde que el Gobierno del Presidente Bukele solicitó a la Asamblea la aprobación de un Estado de Excepción para poder cumplir a cabalidad con una cuarentena estricta, que permita reducir la transmisión del virus y evitar con ello más muertes de salvadoreños.
