El Ministerio de Salud Pública anunció el jueves 23 de julio el máximo pico de contagios por el virus de COVID-19 hasta la fecha en el país: 415 salvadoreños afectados.
El comportamiento de la pandemia en el índice de contagio de los últimos días sigue en alza, y se muestra más evidente cuando se analiza la fecha en la que a esta Presidencia se le despojó de las herramientas jurídicas con las que contenía y resguardaba a la población.
A un mes de haber presentado a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Régimen de Excepción, los diputados siguen mostrando y actuando con indiferencia a esta petición, sin siquiera conocer en la Comisión Política, que es quien deben generar un dictamen para ser discutida en el pleno, dicha solicitud.
Es mas, esta comisión abandonó desde hace 21 días, cualquier otra posibilidad de discusión y debate para respaldar a Salud Pública con medidas de emergencia.
Este respaldo de ley tan urgente permitiría al Gobierno establecer una cuarentena estricta, que oxigene el flujo constante hacia los hospitales públicos, y detener, también, la exposición masiva a la que se está sometiendo a los médicos, enfermeras, y todo personal del estado que se encuentran en primera línea.
Los mensajes que irresponsablemente son impulsados desde la Asamblea Legislativa es que nuestra población se exponga en las calles y a que los sectores no autorizados en la Fase 1 del Plan para Reactivación Económica no acaten las recomendaciones que se dictan desde el Ejecutivo.
Por otra parte, la decisión de ayer de la Sala de lo Constitucional sigue ampliando los tiempos en los que ya el país debería de estar con medidas urgentes en la contención. Con la aceptación a trámite de la controversia constitucional por la Ley Especial de Emergencia propuesta por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, solo prolonga el grave momento que atraviesa el país, ya que da diez días para conocer y exponer hechos evidentes y ampliamente discutidos a lo largo y ancho de los meses con la pandemia.
Extraña también el silencio que sigue mostrando la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, carente de una posición firme y clara en favor de la población y contra la actitud irresponsable de los demás Órganos del Estado, al dejar sola a esta Administración en el combate de la pandemia del COVID-19.
Su titular, en cambio, sigue sentando posiciones similares a las de partidos políticos y respectivos grupos parlamentarios en la Asamblea. Su labor, que es precisamente de tutelar los derechos humanos de la población, dista tristemente con su apego a líneas ajenas al mandato constitucional.
Nuevamente y como se ha reiterado, el Gobierno hace un llamado a las instancias antes mencionadas a que evoquen a su lado más humano y responsable, que sus posiciones políticas e ideológicas cedan a la súplica de todo un país, porque se otorgue las herramientas necesarias para esta Presidencia de la República.
