Autoridades del Gobierno del Presidente Nayib Bukele acudirán la próxima semana a la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa a explicar un pliego de reformas a la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito para mejorar la seguridad vial y prevenir la accidentabilidad en el país, aprovechando la excelente relación política que hoy hay entre ambos órganos de Estado a favor de los salvadoreños.
En el pasado las normativas no pudieron ser impulsadas por la falta de voluntad política y el conflicto de intereses que había en los ex diputados, por lo que hoy el titular del viceministerio de Transporte (VMT), Saúl Castelar, ve condiciones favorables y un mejor clima de negociación política para empujar estas iniciativas.
“Tengo la convicción de que las reformas de ley se han venido dejando de lado, como los mecanismos para tener un mejor control del sistema de transporte, pero hoy sí podrán ser impulsadas con la nueva Asamblea”, expresó el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, quien confirmó que se reunirá con los legisladores el próximo miércoles.
Uno de los temas que se planteará a los diputados es la necesidad de crear normativas en el tema de la reducción de la velocidad. Se buscará implementar las “Zonas 30” que buscan establecer un límite de 30 km/h en zonas urbanas y locales, además de otras relacionadas con el transporte público de pasajeros.
Además, el Gobierno iniciará antes de que finalice el año la renovación de todos los semáforos del país, ya que algunos tienen casi 30 años en operación y su tecnología está desfasada. La actualización permitirá instalar sistemas de “fotomultas”, con lo que se podrá identificar infracciones o tener una mejor fiscalización y control de los accidentes viales, con una inversión estimada en $45 millones, según cifras preliminares del VMT.
También se promoverá una actualización de multas acorde a la gravedad de la falta, para que sirvan de verdaderos disuasivos, junto con mecanismos que garanticen el pago de las mismas.
El Gobierno del Presidente Bukele está comprometido con impulsar normativas que permitan tener un sistema de transporte con mayores regulaciones para proteger así la vida de los ciudadanos.
