El Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele establece reducir la cantidad de prisiones habilitadas en el país, para que esos espacios se conviertan en centros educativos o de desarrollo profesional para la juventud salvadoreña.
Los inmuebles serán demolidos y en esos lugares se edificarán infraestructuras culturales y educativas para la juventud de esas localidades, informó el mandatario.
“El Plan Control Territorial comprende poder llegar a un escenario donde no tengamos más de 10 centros penales en el país, precisamente para no estar afectando a las comunidades vecinas”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Muestra de ese esfuerzo, el pasado viernes la Dirección General de Centros Penales clausuró las penitenciarías de Sonsonate, Metapán, y La Unión, situadas en el centro de esas ciudades, rodeadas de casas, establecimientos comerciales, mercados y escuelas.
Con la implementación de la estrategia de seguridad, todos los penales del país carecen de comunicación con el exterior, ya que las empresas telefónicas mantienen bloqueada la señal, lo cual es verificado constantemente por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).
Con el bloqueo de la señal telefónica, el Gobierno impide por completo que desde el interior de los penales se continúen dando órdenes para ejecutar delitos en el exterior, como sucedía con las administraciones anteriores, cuando las cárceles eran consideradas escuelas del crimen.
Esta es la cuarta prisión que el Gobierno del Presidente Bukele inhabilita. A finales de diciembre de 2019 clausuró el recinto penitenciario de la ciudad de Chalatenango, donde se construirá una sede regional de la Universidad de El Salvador (UES).
