La Sala de lo Constitucional confirmó los argumentos del Presidente Nayib Bukele al declarar inconstitucional el decreto 807, con el que los diputados opositores trataron de que los fondos aprobados para las alcaldías se pudieran tomar con mayor arbitrariedad y discrecionalidad.
El decreto legislativo 807, como consecuencia, “no surtirá efecto jurídico alguno, al haber sido declarado inconstitucional por el vicio de forma constatado”, indicó la sentencia emitida el 18 de marzo.
El propósito de los diputados era dar tanto dinero como fuera posible a los alcaldes de campaña sin ejercer ningún control sobre su uso antes de las elecciones del 28 de febrero. Con este afán es que intentaron desviar el dinero de préstamos aprobados al país y dárselo a varios candidatos, en detrimento de las necesidades de la población.
Los dos decretos legislativos que se pretendía manipular –con la elaboración exprés del 807– son el 650 y el 728. Entre ambos, permitieron la transferencia de $191 millones a los gobiernos municipales el año pasado. La distribución del segundo de los decretos, el 728, fue una medida ilegítima de presión que impusieron los diputados para poder salvar la ejecución de la fase final del FOMILENIO II en septiembre pasado. El primero corresponde al préstamo que aprobó el Fondo Monetario Internacional al inicio de la emergencia sanitaria.
El Presidente vetó el decreto 807 el 11 de enero, por atentar contra los artículos 85 y 135 de la Constitución de El Salvador. Los magistrados de la Sala confirmaron esta posición.
Tal como lo había esclarecido el Presidente, los legisladores de oposición violaron los principios constitucionales que, de hecho, son indispensables para el desempeño en el Legislativo: el libre debate, la discusión y la contradicción. El decreto mencionado tuvo iniciativa, dispensa de trámite y votación en la misma sesión plenaria de diciembre de 2020. Ninguno de los diputados presentes pidió la palabra sobre esta pieza, a pesar de que se solicitó mover con urgencia.
La Sala, en su resolución sobre la controversia, respaldó la posición de la Presidencia del Ejecutivo: “(el decreto 807) no fue resultado del debate democrático que debe existir o propiciarse en un órgano de naturaleza representativa y pluralista como la Asamblea Legislativa”, consignaron los magistrados. Ni siquiera se justificó la dispensa de trámite.
Incluso fueron más específicos en los errores cometidos a la hora de aprobar esta redistribución de los fondos, pues de acuerdo con la resolución, también faltaron a la publicidad de los actos legislativos.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, señaló que ya había anticipado que estas maniobras desde la Asamblea estaban caracterizadas por varios vicios. “Es inmoral ofrecer tantos recursos sin, prácticamente, ningún tipo de control”, expresó el funcionario.
Como parte de su bloqueo durante 2020, los opositores relajaron las condiciones para que los alcaldes rindieran cuentas de todos los fondos que recibieron, provenientes de los paquetes de préstamo gestionados por el Ejecutivo. Y bajo este mismo enfoque, forzaron reformas al Código Municipal y trataron de extraer dinero de más créditos.
A pesar de los abusos en el proceso legislativo para distribuir los fondos, los organismos multilaterales siguen mostrando confianza en la ruta que ha emprendido El Salvador hacia la recuperación económica.
El Gobierno pudo poner en marcha el presupuesto 2021 para llevarle soluciones a la población. La nueva legislatura, electa por los votantes, terminará de impulsar los proyectos de inversión pública que quedaron pendientes.
