El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa retomó su práctica de poner obstáculos a los proyectos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele que son de beneficio para la población. Luego de haber intentado frustrar la atención a la emergencia sanitaria, procedieron a tratar de ahogar financieramente al Gobierno y hasta debilitar al gabinete que propició los logros.
Desde la aprobación del presupuesto nacional 2021, el mismo grupo de diputados que se opone a todas las iniciativas gubernamentales mantiene secuestrados $560 millones provenientes de préstamos con organismos multilaterales. Esto significa que son operaciones que ya pasaron por un primer filtro de votación, que tienen destinos específicos y que además se pagarán en condiciones favorables.
Estos fondos se distribuyen en $360 millones gestionados en el contexto de los fondos para responder al COVID-19, más $200 millones para el Plan Control Territorial que tienen ya dos años desde que no los liberan para desembolso.
Estos diputados, que han conformado un solo frente para impedir que la población reciba los beneficios sociales que el Gobierno ha preparado, ya causaron daño con sus acciones en el transcurso de 2020.
Llevaron al país a perder $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que iban para programas de salud y desarrollo económico, nada más porque no pudieron dar dinero sin restricciones a los alcaldes en campaña. También dejaron perder $2.2 millones que naciones amigas habían facilitado al país para proyectos de acceso a vivienda para grupos vulnerables.
Impidieron el financiamiento del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), hasta que el Presidente Bukele halló una alternativa para ponerlo en marcha; después, intentaron distorsionar su funcionamiento, a pesar de que afectarían a las mipymes.
Siempre con su intención de transferir recursos sin transparencia a los alcaldes, los diputados opositores pusieron en riesgo la finalización exitosa del FOMILENO II. De no ser por las gestiones del Ejecutivo, los proyectos seguirían suspendidos y el Estado estaría expuesto a demandas.
Aún hay más: dicho bloque legislativo retrasó la aprobación de una ley para responder a la emergencia sanitaria hasta que la Sala de lo Constitucional resolvió con fechas desfasadas. También montaron múltiples comisiones que no arribaron a ningún resultado y cuestionaron a funcionarios que demostraron no haber cometido ninguna ilegalidad.
Luego, al ver que el Ejecutivo siempre encontró una solución para superar los obstáculos y atender necesidades de la gente, decidieron intentar darle golpe de Estado parlamentario al Presidente Bukele.
La población ha sido testigo de todas estas acciones. De ahí la importancia de contar con una legislatura que promueva también mejores condiciones para los hogares y la prosperidad de las empresas.
