La Asamblea Legislativa lleva 15 meses de no dar sus votos por la ratificación de dos créditos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para las fases II y III del Plan Control Territorial, con los cuales continuarán los excelentes resultados en la reducción de homicidios y delitos de otra índole.
Estos legisladores llevan desde noviembre de 2019 sin autorizar un crédito para la fase II del plan de seguridad, por $91 millones, y otro por $109 millones para la fase III. Hasta la fecha, no han pasado a la fase de ratificación, para después hacer otra votación que permita incorporar esos fondos al Presupuesto General de la Nación.
El primero de los préstamos permitiría ejecutar lo relacionado con la reconstrucción del tejido social, por medio de la construcción de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) en comunidades de alta conflictividad social. Aparte de este espacio ya inaugurado en San Juan Opico, La Libertad, hay seis más en construcción, mientras se preparan licitaciones para otros 12 proyectos.
Mientras, el segundo crédito se destinó para la modernización de las instituciones como la Policía Nacional y otras encargadas de la seguridad de los salvadoreños, dotándoles de sistema de videovigilancia; equipo, infraestructura y mobiliario médico; equipo táctico, y movilidad estratégica.
Aun con la negativa de las bancadas legislativas, el Gobierno ha tenido que priorizar y buscar fondos para ejecutar este plan que ha permitido salvar la vida de miles de salvadoreños, con la reducción de casi el 50 % en los homicidios y que deja 38 días con cero muertes violentas desde que esa política fue implementada por iniciativa del Presidente Nayib Bukele.
Con esta negativa al financiamiento, el bloque de diputados opositores formado por Arena, Fmln y el democristiano Rodolfo Parker está mostrando su desprecio por las vidas de los salvadoreños que se han logrado salvar a partir de la ejecución del Plan Control Territorial. De igual forma lo han hecho en materia de salud, al aprobar una ley que privilegia la movilidad por encima de la vida de los pobladores de los municipios donde haya repuntes de casos de COVID-19.
