Los ministros del Gobierno del Presidente Nayib Bukele han detallado a profundidad el destino de todos los recursos utilizados en favor de los salvadoreños ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, pese a los señalamientos de diputados del bloque opositor y organizaciones afines, quienes han creado la percepción de que el Ejecutivo no rinde cuentas de las compras en el marco de la emergencia sanitaria.
Es evidente que hay una campaña articulada entre los diputados y este tipo de oenegés que se hacen llamar de la sociedad civil. En ese sentido, la bancada legislativa opositora ha realizado un trabajo de fiscalización enfocado más en criterios políticos que técnicos.
Los llamados por apremio a funcionarios del Gobierno, así como la forma en que han nombrado las comisiones especiales adelantando criterio sobre supuestas irregularidades en el manejo de la pandemia, son evidencia de que este tipo de controles por parte de la Asamblea tienen un objetivo electoral.
Es así como estos legisladores y organizaciones han llegado, incluso, a cuestionar y a considerar como “populismo” la entrega de alimentos a hogares afectados por la pandemia, así como las transferencias económicas que han sido de enorme alivio de muchas familias salvadoreños.
Sumado al discurso contra el Gobierno, la Asamblea aprobó escasos recursos provenientes de deuda internacional con la intención de afectar al Gobierno y frenar su capacidad de respuesta ante la emergencia sanitaria. Pese a ello, realizó una correcta y efectiva utilización de fondos, que en administraciones pasadas eran derrochados y desviados para beneficio de funcionarios.
Sin embargo, los legisladores han hecho toda clase de reformas y han aprobado decretos con la intención de hacer llevar dinero a sus alcaldes supuestamente para obras justo a pocos días de las elecciones, a pesar de que las municipalidades no han dado cuenta de los fondos recibidos para atender la pandemia y las emergencias por tormentas tropicales.
