El bloque opositor en la Asamblea Legislativa aprobó el 29 de octubre de 2020 la Ley Transitoria para Contener la Pandemia por la Enfermedad COVID-19, la cual no solo limita las acciones del Ministerio de Salud y la Fuerza Armada para garantizar la salud y la alimentación de la población, sino que además amenaza con cárcel si hay incumplimiento. Esta normativa ya entró en vigor, luego de su publicación por parte del órgano Legislativo.
Esa legislación, lejos de dotar al Gobierno de herramientas oportunas para salvaguardar la salud y la vida de los salvadoreños, invade las competencias del Código de Salud, normativa que por Constitución es la que garantiza las acciones encaminadas a la asistencia sanitaria en el país.
Entre los tropiezos que pone al sistema de salud está la prohibición, con pena de cárcel, para que cualquier autoridad gubernamental establezca un cerco sanitario sin que se tenga el aval de los alcaldes, dejando en manos de este la decisión de declara las zonas epidemiológicas sin ningún criterio médico.
Además, limita el área geográfica de la zona epidémica a un kilómetro cuadrado, lo que impide que un municipio grande sea cerrado ante un eventual incremento de casos, impidiendo una verdadera estrategia de contención del virus.
Esta ley también golpea a los salvadoreños que son beneficiarios de los paquetes alimentarios, pues prohíbe que la Fuerza Armada acompañe la entrega de este beneficio, lo cual pone en riesgo al personal del Gobierno y a la misma población en zonas donde hay presencia de grupos criminales. Esta institución es una de las mejor evaluadas por la población en las diversas encuestas.
La normativa, contenida en el decreto legislativo 757, es un evidente instrumento para impedir que el Gobierno pueda hacer un efectivo manejo de la emergencia sanitaria y con ello dañar la imagen del Presidente Nayib Bukele, quien goza del respaldo de 9 de cada 10 salvadoreños y se ha colocado en el primer peldaño en el ranking de imagen entre todos los mandatarios de Latinoamérica, de acuerdo con la organización internacional Directorio Legislativo.
Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el Gobierno ha hecho un manejo integral de la pandemia, diputados de oposición utilizan las leyes para dañar a la población con fines electorales.
