El apoyo a la industria de energías renovables ha contribuido para tener un mercado con precios a la baja

La administración del Presidente Nayib Bukele agilizó proyectos de inversión en energías renovables que suman $1,300 millones. De manera progresiva, estas fuentes de generación inyectan más recurso al mercado y los principales beneficiados son los hogares.

De acuerdo con la información de la Unidad de Transacciones (UT), el precio de la energía en el mercado salvadoreño registró $60.54 el precio del megavatio por hora (Mw/h) en diciembre 2020, como precio indicativo. Solo en el último trimestre, los precios bajaron una cuarta parte en comparación con el mismo trimestre de 2019 y hasta 40 % respecto de 2018. En el transcurso de 2020, el precio indicativo que publica la UT llegó a un máximo de $91.57 el Mw/h en febrero.

Estos precios no se observaban desde hace más de 15 años en los registros de la referida entidad. Ahora está la certeza de que se mantendrán estables, porque la oferta poco a poco se diversifica y deja atrás la dependencia del petróleo.

La misma fuente de información muestra que la importación de energía tuvo una importante reducción de 49.1 % durante la gestión del Presidente Bukele, con datos a noviembre de 2020. Ahora, ocho de cada 10 unidades de energía que se aportan para la demanda en el país provienen de actores locales.

Las alternativas de generación de energía en el país incluyen la geotermia, las centrales hidroeléctricas, el uso de materiales orgánicos o biomasa, la fotovoltaica (con luz del sol) y, desde finales del año pasado, la  utilización de la fuerza del viento, o eólica.

Esta diversidad en las industrias que participan en aportar la energía facilita que los precios para los consumidores mantengan una tendencia a la baja. Entre más actores con generación limpia, mayores probabilidades de precios accesibles en el largo plazo.

Bajo la conducción del Presidente Bukele fue posible crear las condiciones necesarias para que la tarifa que pagan los usuarios bajara un 30 %, hasta llegar al costo más bajo que han pagado los hogares por este servicio. Aunque hay factores ajenos a la administración del Gobierno que influyen sobre los precios, el papel de las instituciones es facilitar las condiciones para un mercado que funcione según las reglas del juego y que más inversiones de este sector puedan instalarse en el país.