Desde que comenzó la pandemia, los partidos de oposición han intentado usurpar funciones del Ejecutivo al crear leyes y decretos con los que buscan amarrar al Gobierno, lo cual ha dejado en evidencia el Presidente Nayib Bukele al hacer uso de su capacidad de vetar varios decretos legislativos inconstitucionales.
Este es el caso del decreto legislativo 781, que la misma Sala de lo Constitucional consideró contrario a la Carta Magna, ya que los diputados no consultaron con el Ministerio de Hacienda las reformas al decreto original para reorientar recursos que ya tenían destinos específicos.
La Sala dio la razón al Presidente Bukele en la controversia generada por el veto al decreto 781, demostrando que los legisladores de las bancadas opositoras tomaron decisiones sin la opinión del ente rector de las finanzas públicas y el obligado a conservar el equilibrio presupuestario.
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Las mismas intenciones han demostrado estos partidos en otros proyectos de ley, como los que impulsaron durante la pandemia, tratando de minar las competencias del Ministerio de Salud, quien es el encargado de llevar las políticas de salud y de administrar la emergencia por la que atraviesa el país ante la pandemia.
Una de esas normativas es la “Ley Especial Transitoria para contener la pandemia por la enfermedad COVID-19”, que pone un amarre al Ministerio de Salud e intenta ponerse por encima del Código de Salud, instrumento que desarrolla los principios constitucionales relacionados con la salud pública y asistencia social.
De igual forma, se aprobaron decretos inconsultos en los que se buscaba establecer la reapertura de la actividad económica, donde los diputados pretendían que se iniciara de golpe el funcionamiento del transporte público, que es el segundo sector del país, solo debajo de los hospitales, con mayor incidencia de contagios.
