Desde que inició la gestión del Presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa ha emprendido acciones con un claro interés de manipular al Gabinete de Gobierno y manchar la imagen de funcionarios que les son incómodos, por los resultados obtenidos con su trabajo.
El Presidente de la República es el único que puede remover o elegir quiénes serán sus funcionarios de Gobierno; sin embargo, los partidos de oposición en el Congreso se dan a la tarea de decretar interpelaciones, antejuicios y citatorios que, si bien son herramientas legales, están siendo utilizadas con un objetivo político.
Esta maniobra inició a mediados de febrero, con la interpelación a la exministra de Salud, Ana Orellana Bendek, y al expresidente de ANDA, Frederick Benítez, cuando los legisladores de oposición se articularon contra estos funcionarios que dirigían importantes carteras estatales.
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De la misma forma, en agosto pasado y durante los días más difíciles de la pandemia, el bloque opositor promovió un proceso de interpelación contra el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, en momentos en que el funcionario se encontraba en tareas de apoyo a la ciudadanía y de reconstrucción tras las tormentas Amanda y Cristóbal.
Este bloque de legisladores procedió de la misma forma contra el director de la Policía Nacional Civil y exviceministro de Seguridad ad honorem, Mauricio Arriaza Chicas, a quien iniciaron un proceso de antejuicio de forma exprés y sin ningún sustento legal, con la intención de desbaratar el Plan Control Territorial y sus excelentes resultados.
Como parte de esa estrategia, la Asamblea también buscó que se iniciara un mecanismo para desaforar al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, contra quien han enfilado sus ataques en un evidente propósito de afectar las finanzas estatales, y sin importarles que la población se vea afectada en tiempos de pandemia por la falta de recursos para la emergencia sanitaria.
