El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha enfrentado seis situaciones en 2020 que exigieron una ejecución extraordinaria del trabajo institucional: la pandemia por COVID-19, cuatro fenómenos climáticos y la recuperación económica. Sin embargo, los bloqueos legislativos, en particular para contar con los recursos financieros, continúan hasta el punto de poner en riesgo la disponibilidad de ese dinero.
La sesión plenaria del 19 de noviembre dejó al descubierto la falta de congruencia en los argumentos más recurrentes por parte del bloque de oposición. Mientras los legisladores se retractaron de continuar la autorización para dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la misma jornada se apresuraron a dar luz verde para el endeudamiento y el gasto discrecional de las alcaldías.
Aunque ya se contaba con el dictamen para la ratificación de dos préstamos del BID, uno por $250 millones y el otro por $50 millones, los diputados dieron marcha atrás. El bloque de oposición argumentó que el Gobierno tenía pendiente una rendición de cuentas, que había exceso en otros gastos y que, además, no pensaban aprobar más deuda en esta temporada del año.
El Gobierno sí ha facilitado la información requerida, en tiempo y en forma, y estos préstamos están aprobados desde junio. Forman parte de los $620.5 millones entrampados en el proceso de autorización legislativa.
Pero luego, los mismos que votaron en contra de restituir los ingresos fiscales al Gobierno superaron dos vetos del Presidente Bukele, con el propósito de holgar los requisitos que tienen que cumplir las alcaldías para tomar deuda y para usar los recursos públicos.
El jefe de Estado había notificado la semana pasada del veto al decreto 763, que afloja las prohibiciones que tienen las alcaldías de este período –2018-2021– para la utilización de fondos públicos municipales y la adquisición de créditos nacionales e internacionales. En esa misma ocasión, la Presidencia también notificó del veto al decreto 764, que permite continuar con más endeudamiento en las municipalidades y deja el rol del Ministerio de Hacienda (MH) en un segundo plano. Dichas acciones fueron aprobadas a finales de octubre con dispensa de trámite, uno de los motivos que sustentó el veto por inconstitucionalidad.
Estas acciones tienen el antecedente de que los diputados, para intentar desacreditar el trabajo del Gobierno, crearon cuatro nuevas comisiones que no han arrojado ningún resultado; en tanto, para los alcaldes no promueven ningún tipo de control y hasta permiten que se extienda el período para rendir cuentas.
Los gobiernos municipales han tenido su recolección ordinaria de ingresos, más $191 millones que se les asignaron de los préstamos. Aún así, no han respondido a los habitantes y mantienen un servicio de aseo inestable y en casos puntuales no facilitaron albergues en condiciones adecuadas cuando llegaron las lluvias.
En cambio, durante los 17 meses de gestión, el Gobierno del Presidente Bukele atendió necesidades apremiantes para la población, como la seguridad ciudadana y una atención digna e integral en salud. Todavía sin contar con fondos, las decenas de miles de vidas que se han salvado y el firme avance sobre la ruta de recuperación económica demuestran que los recursos se utilizan con eficiencia.
