A pesar de los intentos de obstaculizar, desde la Asamblea Legislativa, la implementación del Plan Control Territorial (PCT), el Gobierno del Presidente Nayib Bukele seguirá dando seguridad a todos los salvadoreños con esta política pública, que ha logrado históricas reducciones de homicidios, extorsiones e incautaciones de drogas, entre otros ilícitos.
Por ello hay que destacar que la aprobación exprés de la Comisión de Antejuicio para desaforar al viceministro de Seguridad Pública ad honorem y director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, tiene un trasfondo que va más allá de un proceso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR): el debilitamiento de la política de seguridad del Gobierno, con el agravante de que la Asamblea Legislativa no ha aprobado ni un dólar para el Plan, además de otros bloqueos.
El PCT, además de lograr 34 días sin homicidios y la reducción del 50% de las muertes violentas, también ha dado importantes datos con 23,683 detenciones de las cuales 18,884 son en flagrancia, 2,886 con órdenes administrativas y 1,913 con orden judicial.
Lea: PCT permite incautar más de 100 kgs de cocaína en La Unión, valorados en más de $2.5 millones
También se le ha apostado a la recuperación de espacios públicos y de convivencia, la construcción de un nuevo tejido social y otros programas donde coexiste la ciudadanía con las fuerzas públicas de seguridad, a favor de la prevención de la violencia.
Por esto llama la atención como, en tres días, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron esta Comisión cuando, en otros casos, conformar este tipo de instancias se tardaba hasta cuatro meses, lo que confirma el interés político y electoral de dinamitar el PCT previo a un evento electoral, a costa de la seguridad de los salvadoreños.
Hay que recordar que el PCT se debía de financiar con dos asignaciones: una de $91 millones, para costear la fase dos, enfocada en la prevención y la recuperación del tejido social junto con la represión de delito; más $109 millones para el inicio de la fase tres, que le apuesta a la tecnificación de las fuerzas policiales junto con equipos tácticos y operativos para enfrentar estructuras terroristas e ilegales.
Ambas siguen “traspapeladas” y pendientes en los curules de los legisladores, sin dar señales de su aprobación y asignación presupuestaria.
De este modo el Gobierno del Presidente Bukele no se detendrá en la lucha contra el crimen organizado, las pandillas, extorsiones y las incautaciones de droga, a pesar del freno legislativo y de intereses de sectores que quieren que regrese la violencia e inseguridad en todo el territorio nacional para su conveniencia política y electoral.
