El financiamiento que ha gestionado el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para cubrir diferentes necesidades como atención a la emergencia, recuperación económica, seguridad, vivienda y obras sostenibles de infraestructura, asciende a $620.5 millones.
Las solicitudes para autorizar el uso de los fondos están en la Asamblea Legislativa, pero los diputados las han retrasado hasta al punto de poner la operación en riesgo. Dos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo, están aprobadas desde hace tres meses para la suscripción. Además, hay dos que podrían perderse en diciembre próximo si los diputados continúan obstaculizando el proceso.
Los préstamos pendientes están orientados para responder a la pandemia del COVID-19 y sus efectos, el Plan Control Territorial, obras de Vivienda y de Obras Públicas. Entre todos, suman $620.5 millones. Este es el dinero que ya se remitió a la Asamblea Legislativa, para que pasen por todo el proceso legal.
El titular del Ministerio de Hacienda (MH), Alejandro Zelaya, expresó que pronto se enviarán más solicitudes con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) por $50 millones y con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $250 millones, que se sumarán a las que ya están en estudio. Este financiamiento lo ha conseguido el Gobierno para fortalecer sus programas y la atención que provee a la población.
“No hemos solicitado que se apruebe más deuda. Hemos solicitado que se aprueben los fondos. Que se pongan a disposición los fondos que se aprobaron desde abril y desde mayo”, dijo el titular de Zelaya, en referencia a los dos decretos que sustentan la estrategia de financiamiento que se preparó para enfrentar la pandemia.
En esos $620.5 millones también están incluidos los préstamos para el Plan Control Territorial, que el Gobierno ha tenido que ejecutar con los recursos disponibles. También están las operaciones de financiamiento con el Banco Alemán de Desarrollo (KfW), que tiene un componente de donación, y el paquete de la Unión Europea con Luxemburgo. En ambos casos, las entidades que han otorgado el dinero advirtieron que, si no se ha votado a favor de asignar los recursos para diciembre de 2020, hay una alta probabilidad de que se pierda la oportunidad (que retiren los recursos).
Lea: El Gobierno sigue enfrentando los retos de país, mientras la Asamblea y la Sala se desconectan
Para finales de este año, también, se prevé una caída acumulada de ingresos por el orden de los $1,000 millones, dijo Zelaya. De ahí la urgencia de que se puedan restituir ingresos, pues la recaudación no es suficiente. Ha sido esta misma situación la que dificulta que se pueda transferir el FODES para los alcaldes, aclaró el ministro de Hacienda.
“Quien está asfixiando, no solo al Gobierno, sino también a los alcaldes, son los señores diputados”, advirtió Zelaya. De hecho, el préstamo 5036 con el BID contempla $96 millones para las alcaldías y los diputados no lo han comenzado a discutir.
El Gobierno ha cumplido su palabra con la población y todas las acciones de bienestar social se han mantenido. Incluso, el Presidente Bukele ha ordenado buscar soluciones para financiar las iniciativas de desarrollo económico. Pero los diputados deben cumplir también con la población y liberar los recursos necesarios para salud, vivienda, educación, seguridad, obras públicas y demás.
