Contra todo pronóstico adverso anunciado por la oposición política y sectores económicos críticos del Gobierno, a más de siete meses de la pandemia por coronavirus, El Salvador es de los países de la región que tiene las mejores cifras sanitarias y de proyección de crecimiento económico, producto de las políticas acertadas que ha emprendido el Presidente Nayib Bukele.
Ahora el país está más preparado para afrontar un rebrote de COVID-19, pues el Gobierno, en un trabajo articulado entre varias instituciones, ha logrado revitalizar la red hospitalaria pública, que por años estuvo abandonada. Eso incluye la construcción del Hospital El Salvador, que cuenta con casi 2,000 camas para atender a pacientes graves y críticos, algo en lo que ha contribuido de forma decisiva la cooperación de Estados Unidos, el mayor aliado estratégico de El Salvador.
Los efectos de la pandemia se han mantenido controlados, gracias a las acciones oportunas, como el establecimiento de cercos sanitarios en municipios donde ha habido repunte de casos, pese a la oposición de alcaldes que quieren privilegiar la libertad de circulación por encima de la vida y la salud de los salvadoreños.
La política sanitaria de atención a la pandemia ha sido avalada, incluso, por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), quienes también respaldan las perspectivas de crecimiento del PIB para 2021, en un rango entre el 4 % y 5 % para ese año.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM proyectan un crecimiento entre 4 % y 4.9 %, respectivamente, por encima de la proyección del mismo Banco Central de Reserva (BCR), que ha pronosticado 3.9 %. Asimismo, la calificadora de riesgo Fitch Ratings ha ido más allá, con un pronóstico del 5 %.
Esto posiciona al país como uno de los que más crecerá en 2021, pese a la pandemia, a la depresión económica, a los bloqueos de la oposición y a las resoluciones judiciales que pusieron freno al Gobierno para un mejor manejo de la emergencia sanitaria.
Con sus bloqueos al Ejecutivo, la oposición legislativa ha querido imponer la idea de un choque entre órganos de Estado con la finalidad de desincentivar la inversión extranjera, pero las cifras positivas dan cuenta de que esta estrategia no surtirá los efectos que se proponen los detractores del Gobierno.
