Ante el déficit presupuestario provocado por la pandemia, que ha hecho descender los ingresos para el fisco, el Gobierno mantiene firme su compromiso de continuar combatiendo la evasión fiscal, práctica que ha privado al Gobierno de cerca de $2,000 millones, según ha detallado el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Desde que Hacienda comenzó a ejecutar el Plan Antievasión en octubre 2019, se han presentado a la FGR 36 casos, por un acumulado de $26.8 millones. El Gobierno presentó recientemente dos nuevos casos, el de una empresa y una alcaldía del Oriente del país, que entre los dos suman $200 millones no reportados el fisco. En el caso de la alcaldía, las retenciones hechas a sus empleados en concepto de Impuesto Sobre la Renta no fueron reportadas a Hacienda.
“A pesar de que se nos siga atacando por un muy reducido grupo de la sociedad y de empresarios irresponsables, que sienten que atacar a alguien, que está robando o detener a alguien que está robando, es ahuyentar las inversiones. Ningún empresario decente va a estar de acuerdo con esa premisa, nadie va estar de acuerdo para defender a un evasor, mucho menos un ciudadano al que le hayan robado sus esperanzas por no pagar sus tributos”, expresó el ministro de Hacienda.
Este Plan Antievasión se vuelve fundamental ahora que el Gobierno no puede acceder a fondos provenientes de préstamos, ya que el bloque de derecha en la Asamblea está negando sus votos para que los créditos ya ratificados puedan ser usados por el Ejecutivo. Los partidos ARENA, FMLN y Rodolfo Parker pretenden que sólo se permita el uso de los fondos destinados a las alcaldías, los excombatientes y FOMILENIO, dejando sin financiamiento áreas vitales como el Hospital El Salvador y el apoyo a pequeños agricultores y emprendedores.
El titular de Hacienda ha exhortado a los contribuyentes que se encuentran en insolvencia que se acojan a los beneficios de la Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras, a fin de buscar una salida y honrar sus compromisos tributarios. Entre los beneficios de esta normativa, cuya vigencia concluye el 27 de septiembre, está la eliminación del pago de intereses, recargos o multas.
